En el espíritu del Acuerdo Nacional suscrito el 22 de julio de 2002, ratifican su indeclinable compromiso con la defensa del régimen democrático y las instituciones que lo integran. En esa medida, ratifican que las legítimas demandas sociales deben ser resueltas en un clima de transparencia, diálogo, apertura y responsabilidad social, junto al ejercicio pleno y pacífico de los derechos ciudadanos.
Saludan los avances en el diálogo para la solución de las demandas del magisterio e invoca a las partes a una solución rápida que salvaguarde tanto las expectativas de los maestros como las de los estudiantes y padres de familia. En tal medida estimulan las gestiones que lleva adelante Monseñor Luis Bambarén, actuando en el espíritu del Acuerdo Nacional en este conflicto.
Con relación a la declaratoria del Estado de Emergencia, el gobierno toma nota de las opiniones que señalan que, evaluando el desarrollo de los acontecimientos, se podría estudiar las restricciones o el cese del Estado de Emergencia en las zonas donde la paz social y el orden ciudadano se encuentren garantizados, así como la entrega de las funciones de control del orden interno a la Policía Nacional.
